Propuesta:
Extender la formalización del empleo de calidad, con salarios dignos y seguridad social.
Análisis:
El escenario laboral es engañoso. Si bien el desempleo (abierto) afecta al 8,8% de la población –uno de los índices más bajos de América Latina-, el indicador relevante es el del subempleo, que llega a abarcar al 65% de la PEA.
La informalidad laboral, con su secuela de baja capacitación, baja productividad y bajos ingresos, es un de los obstáculos para facilitar la inclusión de amplios sectores de la población en empleos de mejor calidad.
La educación deficiente y la falta de capacitación, la pobreza y las escasas oportunidades de desarrollo, el acceso nulo a los servicios de salud, todos expresiones de la exclusión social, están íntimamente vinculados al desempleo y subempleo peruanos. Es urgente dignificar el trabajo, ampliar el empleo decente (OIT), respetar los derechos laborales y avanzar en la cobertura de la seguridad social.
La seguridad social debe seguir los lineamientos establecidos en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Acciones / Ud. decide
Incorporar los objetivos y metas que se deben alcanzar en el tema del empleo en el propio diseño y ejecución de las políticas económicas y sociales.
Mejorar la legislación de los ‘services’ laborales y supervisar su cumplimiento, para evitar abusos en detrimento de los trabajadores.
Facilitar y ampliar la formalización de la relación laboral para que los trabajadores sean incluidos en las planillas de las empresas, algo fundamental para que tengan acceso a sueldos decorosos y adecuados a su rendimiento, así como servicios de salud para ellos y sus familias.
Evitar caer en la demagogia de propugnar la estabilidad laboral plena, pues, ella es factor inmediato de la retracción de la oferta de empleo.
Ejecutar y generalizar programas de capacitación para el capital humano, clave para insertarse en el mundo laboral y lograr la empleabilidad (la mejor protección frente a la pérdida del trabajo) y alcanzar una adecuada competitividad.
Mejorar la eficiencia, la coordinación al interior del Estado y la colaboración con el sector privado de los programas de promoción para la microempresa y pequeña empresa, aumentar significativamente su asignación presupuestal, para asegurar un apoyo relevante y sostenido.
Ampliar el plazo de aplicación de la Ley de Promoción y Formalización de las MYPE y extender su cobertura a la pequeña empresa.