Agenda de Gobierno

Políticas Sectoriales

Desarrollo de la infraestructura


Propuesta:

Acabar con el aislamiento del Perú profundo.

Análisis:

La brecha de inversión en infraestructura de servicios públicos asciende a más de 22 mil millones de dólares (73% corresponde a provincias, en donde los principales requerimientos se encuentran en el sector Transportes). Actualmente, la inversión pública es una de las más bajas en los últimos treinta años (2,9% del PBI). El Estado no cuenta ni con los recursos ni con la capacidad de gestión necesaria para realizar las inversiones requeridas. Sin embargo, por razones políticas, el Gobierno no ha querido impulsar un agresivo programa de concesiones.

Esta situación es producto de políticas gubernamentales que apostaron por destinar la inversión pública al desarrollo de grandes pero muchas veces innecesarios e ineficientes proyectos.

Se necesita una política nueva que facilite la inversión en infraestructura de servicios públicos, carreteras y sistemas de interconexión eléctrica, para unir las diferentes regiones del Perú, incrementar competitividad y crecimiento y para garantizar el acceso de la población a bienes y servicios públicos de calidad. Las asociaciones público privadas (APP) se presentan como una opción viable para alcanzar los compromisos de inversión necesarios, conseguir una alta calidad en la provisión de servicios públicos y mantener la regulación de los sectores (transporte, telecomunicaciones, electricidad y saneamiento) a través del Estado.

Acciones / Ud. decide

Dar prioridad a la construcción de carreteras, a través de las asociaciones públicas privadas (APP) y las concesiones directas, así como de puertos y aeropuertos de vanguardia para hacer del Perú la gran plataforma de distribución del comercio internacional de la Cuenca del Pacífico en América del Sur.
Completar la electrificación del país y su enlace con los sistemas interconectados de la CAN, de Chile y con Brasil para facilitar la descentralización de la inversión agropecuaria, industrial y de servicios.
Establecer como objetivo de mediano plazo que la inversión pública no sea menor que el 20% del presupuesto.
Desarrollar dentro del Estado instrumentos de promoción de las inversiones en infraestructura, con el objetivo de alcanzar los compromisos de inversión requeridos en los próximos 5 años.
Establecer un cronograma para la entrega de la buena pro de todos los proyectos de concesiones en cartera.
Dar prioridad a la inversión pública en la sierra rural como medio para integrar las regiones al mercado.
Generar un banco de proyectos para atender las necesidades de los gobiernos regionales y municipales de escaso desarrollo.
Incentivar la iniciativa privada en infraestructura pública, otorgar preferencia en los concursos o licitaciones a quienes diseñen, elaboren y presenten nuevos proyectos de inversión a los gobiernos locales o regionales.

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