Agenda de Gobierno

Política Económica

Responsabilidad social


Propuesta:

Promover la responsabilidad social como filosofía organizacional del empresariado nacional.

Análisis:

En el mundo de hoy una empresa socialmente responsable es aquella que vela no solo por sus accionistas y clientes, sino también por sus trabajadores, sus familias y la comunidad donde se ubica la organización.

Hay que diferenciar entre filantropía, inversión social y responsabilidad social. Muchas empresas peruanas suelen realizar esporádicas labores de proyección social, por mero altruismo o para obtener beneficios en el mediano o largo plazo. El reto es institucionalizar estas prácticas para obtener réditos empresariales, pero sobre todo contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad donde se desarrolla la empresa y de la sociedad en general, principalmente, en ámbitos donde la acción del Estado no llega.

La economía globalizada exige a las empresas modernas desarrollar modelos de gestión que van más allá de la maximización de sus resultados, como los programas socialmente responsables de proyección social, cultural y ambiental.

Acciones / Ud. decide

Formular una estrategia nacional que promueva la responsabilidad social empresarial, en un esfuerzo mancomunado del empresario, la sociedad civil y el Estado.
Actualizar y reformar la legislación vigente para potenciar el tema de la responsabilidad social como una política de Estado e impulsar el papel del empresariado en el desarrollo social.
Incentivar a las empresas a desarrollar prácticas de responsabilidad social, mediante políticas tributarias que promuevan y no penalicen la inversión privada en el campo social, ambiental y cultural.
Involucrar a las empresas en el desarrollo de programas de asistencia técnica para promover sistemas de producción y gestión ambiental.
Otorgar preferencias adicionales, mediante una tabla de puntajes en las licitaciones y concursos públicos, a las empresas que cuentan con certificación de responsabilidad social.
Otorgar beneficios tributarios a las empresas que efectúen donaciones y realicen prácticas de responsabilidad social. Registrar sus aportes y hacer que auditores externos supervisen sus donaciones.
Sancionar a las empresas que incurran en prácticas de corrupción para acceder irregularmente a beneficios tributarios a través de donaciones amañadas.

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