Institucionalización es para muchos una nueva y poco coherente palabreja. Y es que vivimos dentro de una sociedad en la que tradicionalmente solo un organismo público ha sido realmente dominante y determinante: el Poder Ejecutivo.
Y de ahí la gran raíz del problema: institucionalizar implica que los organismos asuman su responsabilidad con independencia. Para ello deben anteponer los principios y estatutos que rigen su funcionamiento a las consideraciones –o imposiciones-- políticas del gobierno de turno. Y ello, para el gobierno, significa perder poder.
Es más, no es posible desarrollar el país sin delegar el poder de gobernar, horizontalizando las competencias y responsabilidades. Solo así tendremos, por ejemplo un Poder Ejecutivo realmente autónomo, o municipalidades comprometidas a fondo con su localidad. Solo así tendremos instituciones que sirvan al ciudadano antes que al gobierno de turno. Solo así, en suma, la comunidad nacional podrá contar con esa sólida estructura administrativa que dé sostén y estabilidad a su desarrollo.
En suma, así habremos ganado en balance de poderes, en una mejor distribución del poder mismo, y en una cercana empatía entre el poder y la ciudadanía que no quiere tener el papel de súbdita.
Es evidente que, para cualquier gobierno, dar este paso no es nada fácil: implica perder poder. Sin embargo, aquel mandatario que tome esta decisión estará dando un gran paso para convertirse de presidente en estadista.