Propuesta:
Vigilar y sancionar ejemplarmente la corrupción, empezando por la generada en el propio Gobierno.
Análisis:
Desde la caída del gobierno autocrático se ha hecho esfuerzos notables para investigar y desentrañar la enorme telaraña de la corrupción que se desbocó durante el fujimontesinismo y que, de manera sistemática, impregnó el aparato del Estado. En los últimos cinco años, sin embargo, hubo algunos penosos retrocesos (en la investigación de la corrupción fujimontesinista), que solo favorecieron la impunidad o postergaron la acción oportuna de la justicia, como fue el debilitamiento de la Procuraduría, como defensa del Estado.
La corrupción debe atacarse desde diferentes frentes, pero con un gran sentido de anticipación y prevención legal. La corrupción gubernamental tiene que tener su contraparte penal muy dura.
La lucha contra la corrupción tiene que ser una política de Estado. El presidente de la República tiene que personificarla, para crear conciencia cívica sobre la gravedad de la inmoralidad en el Estado e impedir la corrupción política, es decir, la subordinación del poder político a los intereses de terceros.
Los poderes Legislativo y Judicial tienen que defender sus fueros: aprobar y aplicar leyes drásticas para sancionar cualquier acto de corrupción, de manera severa e imparcial. Nadie puede estar por encima de la ley. Lo que no puede permitirse es el borrón y cuenta nueva. Tiene que fomentarse la participación ciudadana en la fiscalización de la cosa pública. 239pp.
Acciones / Ud. decide
Plantear que los delitos de corrupción en la función pública no prescriban.
Tipificar como delitos muchos actos de corrupción que todavía no son señalados como tales.
Hacer cumplir el Código de Ética de la Función Pública.
Exigir la declaración de bienes y rentas a todos los funcionarios públicos al inicio y fin de su gestión, encargar a la Contraloría que fiscalice cualquier desbalance patrimonial.
Apoyar acuerdos internacionales para la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Adecuar la legislación penal peruana a la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Cumplir con la obligación de mantener al día la información electrónica sobre las compras y gastos de todas las entidades públicas.
Impedir que la corrupción sistemática, perpetrada durante el fujimontesinismo, quede impune.
Denunciar al funcionario corrupto y también a quien lo corrompe.