Propuesta:
Reforzar el acceso a la información pública.
Análisis:
El Perú ha dado pasos trascendentales para garantizar en los últimos cinco años el acceso a la información pública, en el entendido de que esta es propiedad del ciudadano y no del Gobierno de turno, como piensan algunos malos funcionarios públicos. Así, durante el gobierno de transición se dio la Ley de Transparencia, que el presidente Toledo ratificó.
El acceso a la información es prerrogativa de todo ciudadano y no solo del periodista. También es una exigencia en toda democracia que preconiza la cultura de la transparencia en vez del nefasto secretismo. El Estado debe respetar estas políticas de transparencia y desestimar cualquier restricción al acceso a la información. Eso sería un retroceso propio de sistemas autocráticos que cercenan libertades fundamentales.
Se debe restringir al máximo las excepciones que limitan el acceso a la información pública o reducirlas a situaciones en las que realmente esté en juego el interés nacional.
Es necesario destacar el papel cumplido por instituciones como el Consejo de la Prensa Peruana, la Sociedad Interamericana de Prensa y Ciudadanos al Día, para que los peruanos puedan conocer y acceder a la información pública.
Frente al conflicto que se presenta entre el derecho al acceso a la información pública y el derecho a la intimidad de un personaje público, prevalece el primero, pues corresponde a un derecho de toda la ciudadanía frente al de un ciudadano.
Acciones / Ud. decide
Intensificar como política de Estado una cultura de puertas abiertas para acceder a la información en todas las dependencias públicas.
Sancionar al funcionario que incumpla con entregar la información pública, que impida que el ciudadano fiscalice las acciones del gobierno y restrinja el acceso a esta información.
Considerar como de seguridad nacional solo la información orientada a proteger la integridad territorial del país.
Cumplir con los mecanismos que permiten la difusión de la información oficial y su acopio por parte de los ciudadanos y de la prensa.
Garantizar que la prensa y los ciudadanos puedan acceder a la información pública en los soportes indicados por el solicitante, de ser posible de manera gratuita o económicamente accesible.
Fomentar la desclasificación en un máximo de cinco años de la información reservada, para ponerse a disposición del ciudadano.