Propuesta:
Institucionalizar y modernizar el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Análisis:
Lamentablemente, la administración de justicia del país no ha podido remontar los altos niveles de desprestigio, ineficiencia y corrupción. Esto resulta muy grave para la institucionalidad democrática, el adecuado nivel de vida de los ciudadanos y el desarrollo económico que requiere de la confianza interna y externa necesaria en la captación de inversiones. Se hace así evidente que el actual manejo colegiado de la Sala Plena ha fracasado y requiere ser drásticamente renovado.
La modernización del Poder Judicial y del Ministerio Público necesita de una férrea voluntad política de reforma impulsada por el Estado en su conjunto y ejecutiva en lo posible por el Poder Judicial. Pero si este no logra autorrenovarse solo queda que sea renovado desde fuera.
Los últimos cinco años han sido de diagnóstico y promesas de reforma que, siendo en esencia positivas, no han llegado a concretarse por falta, justamente, de voluntad política. Lo más concreto fue la constitución de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus). Sin embargo, la mayoría de sus propuestas, como la redefinición de las funciones no jurisdiccionales y composición de la Corte Suprema, siguen pendientes por culpa de los diferentes poderes del Estado.
Acciones / Ud. decide
Darle al Comité Ejecutivo –formado por magistrados de la Corte Suprema— autonomía y responsabilidad para que asuma, sin interferencia alguna, la conducción de los temas no jurisdiccionales del Poder Judicial.
Darle a los demás magistrados de la Corte Suprema injerencia solo en los temas jurisdiccionales, incluyendo además el nombre de los magistrados de la Corte Suprema y miembros del Comité Ejecutivo. Deberá considerarse también que en las propuestas participarán los colegios de abogados y representantes de la sociedad civil.
Establecer que si el Poder Judicial no logra reformarse adecuadamente en el plazo de dos años, esta tarea será asumida por una comisión de notables políticamente independientes, nombrados por el Ejecutivo y ratificada por el Legislativo.
Reconocer que, en virtud de su investidura, el presidente de la Corte Suprema y su Comité Ejecutivo gozan de la potestad de la iniciativa para el manejo del presupuesto del Poder Judicial, bajo criterios de evaluación y equidad.
Incluir dentro del proceso de institucionalización y modernización del sistema judicial a entidades de trascendencia, como el Consejo Nacional de la Magistratura, la Academia de la Magistratura y la Oficina de Control Interno de la Magistratura (OCMA), para que funcionen de manera eficiente y despolitizada, sin interferencia política y partidaria de ningún tipo.Reducir la edad de jubilación de los magistrados supremos a 70 años y la de los supremos a 65 años.
Respetar la autonomía de los jueces y disponer de procedimientos expeditivos para sancionar a las autoridades que los presionan o amedrentan.
Sancionar ejemplarmente a los jueces que se dejan sobornar. Mejorar, para ello, los mecanismos de la OCMA. Sancionar ejemplarmente a los abogados que corrompen a los jueces, incluso con denuncias penales en los casos que así lo justifiquen. Propugnar para ello la agresiva fiscalización de los comités de ética de los colegios de abogados.
Hacer que la justicia militar respete los límites de competencia, para que solo vea delitos inherentes al ámbito castrense. Promover y facilitar el arbitraje y la conciliación, para aliviar la carga procesal.
Fortalecer el sistema anticorrupción del Estado, para garantizar la autonomía de sus procuradores.
Fortalecer los juzgados especiales para delitos de piratería y contrabando, y asumir la voluntad política de perseguir estos delitos.